El exjefe de Gabinete entregó un escrito de 78 páginas al fiscal Gerardo Pollicita, donde afirmó que sus gastos e inversiones provienen de la liquidación de criptomonedas realizadas entre 2017 y 2018, previo a su ingreso a la función pública.
Tras cumplirse la prórroga otorgada por el juez federal Ariel Lijo, la defensa de Manuel Adorni presentó la documentación con la que busca responder a las inconsistencias detectadas por la fiscalía en su patrimonio. En el informe contable y legal, el exfuncionario argumentó que el dinero en efectivo utilizado en los últimos años responde a una ganancia cercana a los 600 mil dólares obtenida por la operación con Bitcoin entre 2014 y 2018.
Según la presentación patrocinada por el abogado Matías Ledesma, esos fondos en divisa extranjera se mantuvieron guardados en efectivo fuera del circuito bancario. Adorni sostuvo que con esos recursos financió gastos personales, viajes familiares e inversiones inmobiliarias, rechazando que haya existido un enriquecimiento ilícito durante su gestión gubernamental.
En relación con la reforma de su vivienda en el barrio privado Indio Cuá —uno de los puntos centrales de la causa—, la defensa desconoció la cifra aportada por el contratista Matías Tabar, quien había declarado pagos por USD 245.000. El exjefe de Gabinete aseguró que las obras representaron un desembolso de USD 175.000, los cuales salieron de cuentas bancarias y de ahorros previamente constituidos. Respecto a la adquisición del lote, indicó que se saldó mediante un préstamo hipotecario de USD 100.000 sobre otro inmueble y USD 20.000 en efectivo.
El escrito de 20 puntos también aborda la brecha en moneda nacional que la fiscalía calculó en más de 43 millones de pesos. Al respecto, la defensa argumentó que se trata de un desfase residual equivalente al 15,8% de los egresos analizados, el cual quedaría subsanado con las pericias y comprobantes aportados en el expediente.
Toda la documentación técnica y contable ingresada al fuero federal será evaluada en los próximos días por el fiscal Pollicita, quien determinará si los argumentos resultan suficientes o si corresponde solicitar la citación a declaración indagatoria del exfuncionario.
Desde el 1 de noviembre, bancos y billeteras deberán informar con un criterio unificado los rendimientos de los fondos money market. La medida busca facilitar la comparación entre alternativas y obliga a mostrar una tasa basada en los últimos siete días.
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