La medida se tomó por unanimidad tras detectarse un comprobante fiscal falso presentado por un proveedor contratado por la comuna. El filtro del Tribunal de Cuentas impidió que se ejecutara el pago y el caso fue derivado con una denuncia ante la ARCA.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Oliva debatió y aprobó de manera unánime un pedido de informes al Departamento Ejecutivo tras la detección de una factura apócrifa ingresada por un proveedor municipal. La maniobra fue descubierta por el Tribunal de Cuentas durante el proceso de fiscalización previa, lo que permitió frenar el desembolso de fondos públicos y activar los protocolos de denuncia fiscal.
Detección de la irregularidad y debate legislativo
El episodio se originó semanas atrás durante la auditoría de una orden de pago. Integrantes del órgano de control notaron inconsistencias en los márgenes del documento y, al escanear el código QR para validar la emisión ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constataron que los datos oficiales pertenecían a otro comprobante, confirmando la alteración. Ante esto, el Asesor Letrado, la Secretaría de Finanzas y el Intendente formalizaron la denuncia correspondiente ante el organismo recaudador.
En el recinto, la concejal Lucía De Giorge (ECO) fundamentó el pedido de la oposición remarcando la necesidad de revisar el historial del proveedor, verificar las contrataciones previas y conocer si existen órdenes de pago anuladas. Por su parte, la presidenta del cuerpo, Victoria Narvaja (UCR), y la concejal Paula Gatti (UCR) confirmaron el acompañamiento del oficialismo tras acordar un cambio en la redacción del proyecto para evitar matices acusatorios, destacando que los mecanismos de control del Estado funcionaron correctamente para evitar una estafa al erario público.
Encuadre legal de la maniobra
Desde la perspectiva jurídica, el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya detectado y bloqueado la factura antes de la erogación del dinero evita la existencia de un perjuicio económico al municipio o de un delito por parte de los funcionarios. La responsabilidad penal recae de forma exclusiva sobre el emisor del documento bajo la figura de tentativa de fraude a la administración pública e infracción a la Ley Penal Tributaria.
Con la aprobación final del expediente, el Ejecutivo municipal deberá responder el requerimiento detallando los servicios prestados por la firma involucrada y los registros de las contrataciones pasadas.
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 15 de octubre, en la que analizará si ambos expedientes deben tramitar de manera conjunta o separada. La Fiscalía y la UIF advierten que dividir los debates podría fragmentar el análisis de las operaciones investigadas. El juicio por Los Sauces está previsto para el 23 de octubre de 2026 y el de Hotesur, para marzo de 2027.
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