La fiscal Juliana Companys ratificó la acusación contra el exintendente de Villa María por presuntas agresiones a su expareja. La defensa anticipó que apelará la resolución sosteniendo la prescripción de la causa.
La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 2 de Villa María dispuso un nuevo pedido de elevación a juicio en el proceso que enfrenta Martín Rodrigo Gill, de 53 años. El exjefe municipal está imputado como supuesto autor de lesiones leves doblemente cualificadas, por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su expareja María Rosa de Lourdes Astudillo, de 42 años.
La resolución judicial fue notificada al acusado el 22 de mayo y recibió el aval del Juzgado de Control el 6 de octubre. Se trata de la segunda oportunidad en que la causa alcanza esta instancia: tras un primer requerimiento formulado en marzo de 2024 y ratificado en noviembre de ese año, la Cámara del Crimen de Río Tercero hizo lugar a un planteo defensivo en mayo de 2025, anulando lo actuado y devolviendo el expediente a instrucción para reevaluar la investigación.
Detalles de los episodios denunciados
Los hechos imputados habrían ocurrido en Villa María durante el mandato municipal de Gill. El primer episodio se sitúa el 3 de diciembre de 2022 en el domicilio del entonces funcionario, ubicado sobre la avenida Guillermo Rawson al 1180, donde habría zamarreado a la víctima provocándole heridas que demandaron 15 días de curación e inhabilitación laboral.
La segunda agresión física registrada en la causa habría sucedido el 28 de enero de 2023 en el edificio residencial de la denunciante. Según la acusación, la mujer fue empujada contra una pared en la zona de las escaleras, sufriendo lesiones que fueron certificadas por personal médico policial. Ante estas imputaciones, el acusado ha sostenido públicamente que no ejerció violencia física ni verbal contra la denunciante.
La defensa plantea la prescripción de la causa
El abogado defensor Eduardo Rodríguez confirmó que presentará un recurso de apelación ante la jueza de Control, María Soledad Dottori, para oponerse al avance del trámite. La postura del letrado se fundamenta en que la acción penal se encuentra prescripta, por lo que la situación procesal de Gill se mantendrá indefinida hasta que el tribunal resuelva el planteo de la defensa.
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