Una disputa por una herencia familiar sacó a la luz una supuesta red ilícita que adquiría divisas a cotización oficial para revenderlas en el circuito informal. La causa judicial apunta a delitos de lavado, contrabando y maniobras financieras irregulares.
La investigación judicial se desencadenó a partir de un litigio sucesorio en el entorno de los fundadores de la ex financiera Maguitur. Según detalló el querellante Guillermo Guiñazú, a través de su abogado Miguel Ortiz Pellegrini en declaraciones a Cadena 3, la maniobra aprovechaba la brecha del control de cambios durante la administración de Alberto Fernández para obtener dólares a valor del Banco Central y luego comercializarlos en el mercado paralelo o derivados a entidades offshore en Miami. Las diferencias cambiarias obtenidas habrían oscilado entre el 100% y el 200%.
El volumen total de los fondos bajo sospecha ascendería a unos 500 millones de dólares. A pesar de haber sido liquidada en 2020, la firma habría seguido funcionando en la informalidad interconectada con oficinas operativas en Buenos Aires —puntualmente en el edificio "El Rulero"—, Mendoza, Salta, Chile y diversos pasos fronterizos.
Rechazo de las acusaciones y críticas a la fiscalía
Gastón Guiñazú, uno de los acusados en la causa penal, desmintió enfáticamente las imputaciones en medios periodísticos, asegurando que se trata únicamente de un conflicto hereditario y que la sociedad fue disuelta sin que existan pruebas de la operatoria denunciada.
En paralelo, la representación legal del denunciante cuestionó la inacción de la Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba, encabezada por Carlos Casas Nóblega, alegando que la causa estuvo paralizada un año sin tomar declaraciones ni requerir informes patrimoniales o al Banco Central. Esta situación derivó en un reclamo ante el fiscal de Cámara Alberto Lozada, tras lo cual la Justicia reabrió las diligencias y citó a declarar al querellante de forma remota desde territorio estadounidense.
Petición de pericias y un deceso bajo sospecha
Dentro del conjunto de medidas solicitadas a la Justicia, la querella exigió esclarecer las circunstancias del fallecimiento de María Alina Díaz, excompañera del fundador de la entidad y poseedora del 80% del paquete accionario original. La mujer falleció el 21 de noviembre de 2023, justo la jornada en que tenía previsto concretar una reunión para entregar documentación vinculada al entramado corporativo.
El pedido llevado a los tribunales contempla auditorías contables e informáticas, la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el envío de exhortos a Estados Unidos para indagar las sociedades constituidas en el estado de Florida.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones; en la Ciudad, la máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 27°C
2026-11-17 07:00:07
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